Entrevista
Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, defiende el establecimiento de tasas judiciales y critica la lentitud y sobredotación de la administración pública.
Por mucho que
nos pese, es del todo evidente que entre las instituciones políticas y el
pueblo, que según la constitución es soberano, falla algo.
La cercanía que
debería existir entre ambos desaparece cuando los políticos no son más que el
resultado de un estudio pormenorizado de los gabinetes de prensa.
Para
disminuir esa larga distancia entre las dos partes del juego democrático
aparece un ente, que en nuestra tierra es del todo conocido. Se trata del
Justicia de Aragón y toda la institución que lo representa.
Fernando García
Vicente es quien desde hace 14 años ostenta este importante cargo. Para
aquellos que sólo hayan oído hablar de él en asuntos superficiales; el Justicia
tiene la grandísima responsabilidad de velar por los derechos y las libertades
del pueblo aragonés ante los posibles abusos de la administración pública.
Así
mismo es quien debe supervisar la actividad de la misma para que no suponga
perjuicio para los ciudadanos.
El legado histórico de Aragón nos ha dejado
valores tan esenciales como los que defiende el Justicia aunque sea tan solo en
la teoría.
Desde Siete
Pecados Zaragoza creemos necesario conocer qué opinión le merece a este “justiciero”,
los continuos recortes sociales y
económicos por parte de la administración pública y la situación de los
aragoneses frente al desempleo y los desahucios. Asuntos qué como defensor de
los derechos y las libertades no deben dejarlo indiferente.
La opinión sin florituras:
García Vicente
defiende que, en algunos aspectos, la administración está sobredotada y que es
necesario darles posibilidades a los jóvenes para que accedan a ella: “Ha
fallado el sistema pero los aragoneses nunca fallan”.
Defiende que a pesar de la crisis hay un
aspecto positivo que es la solidaridad. Cree que es necesario conservar las
conquistas sociales con las que cuenta la población pero que hay que priorizar
y en estos momentos la situación requiere un esfuerzo mayor por parte de la ciudadanía.
García Vicente
defiende el establecimiento de tasas a la ciudadanía en los procesos judiciales
aunque matiza que deben ser proporcionales a la situación económica de cada individuo.
Cree que en
nuestra democracia han fallado los sistemas de control del endeudamiento masivo y que la administración que lo controla es lenta:“Es lógico que los ciudadanos
hayan perdido confianza en los políticos”.
Cree que, en las manifestaciones, algunos
partidos políticos utilizan la calle porque no tienen fuerza en los
parlamentos.
.
Así mismo defiende que nuestro sistema electoral beneficia a los vascos y catalanes y que
muchos de los proyectos de esta comunidad no se han podido llevar a cabo por
ello: “Si no tenemos travesía central, nacional II o la 232 es porque nuestros
vecinos cuando van a Europa hacen todo lo posibles porque no esté desdoblada, hacen
todo lo posible porque pasemos por un lado y por otro”.
María Fernández
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